El Bolsón (RCC-Bolsón)
La viuda de Víctor Jara pide el reintegro de un investigador de la muerte de su marido.
Santiago de Chile, 31 ene (EFE).- Joan Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara, asesinado en 1973, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y varios diputados exigieron hoy el reintegro del investigador Sandro Gaete en la dirección de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación (PDI).
En un comunicado leído a la prensa en la sede de la Fundación "Víctor Jara", la viuda del cantautor lamentó el "incomprensible exilio interno" al que se ha condenado a Gaete, encargado de investigar la muerte del artista chileno, asesinado brutalmente el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile de Santiago.
Jara denunció la "abrupta" remoción a Aysén del investigador el pasado 8 de enero, encubierto bajo la figura de un "traslado" apuntó, y consideró que ello supone la "desarticulación" de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
Acompañada de los diputados Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, del abogado de derechos humanos Nelson Caucoto y de Alicia Lira, presidenta de la AFEP, Jara juzgó como un "grave retroceso" en la investigación de los crímenes de "lesa humanidad" el cambio de destino del "brillante, acucioso y comprometido" investigador Gaete.
Además, la viuda del cantante de éxitos como "Te recuerdo Amanda" y "Acurrucadita te estoy mirando", ensalzó los "conocimientos históricos" y la "probada" capacidad investigativa del miembro de la Brigada de Derechos Humanos. Unas características, subrayó Jara, que no se pueden "improvisar" de un día para otro.
Por su parte, Lira se sumó a la exigencia de la vuelta de Gaete, a quien calificó como un profesional "experto" y con resultados "positivos".
"Es un retroceso enorme", apuntó la presidenta de la AFEP, quien criticó la falta de experiencia del sustituto de Gaete, Luis Nieto, en la dirección de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
"La Brigada de Derechos Humanos queda al desamparo porque hay un nuevo directo que viene de la Brigada Ambiental, y se ha sacado al subprefecto Gaete, que es el que sabe llevar los casos", aseveró Lira en una conversación con Efe.
En el mismo sentido se expresó el diputado Sergio Aguiló, quien calificó como "decisiva" y "fundamental" la permanencia de Gaete al mando de la Brigada de Derechos Humanos. Según afirmó el diputado, al desarticularse a la Brigada se estaría negando "toda posibilidad" a que la justicia continúe avanzando.
"Instamos al Gobierno, al ministro de Interior y al subsecretario de Interior a que reponga a Sandro Gaete en su cargo porque ese es un test para saber si hay voluntad política de hacer verdad y justicia en este país", añadió Aguiló.
Víctor Jara fue asesinado en el Estadio Chile, un recinto deportivo utilizado como centro de reclusión y tortura, el 16 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe militar.
Según determinó la investigación judicial, fue brutalmente golpeado y torturado, le destrozaron las manos a golpes de culatas de fusiles y después recibió 44 disparos en todo el cuerpo.
En relación a las más de 700 querellas por violaciones a los derechos humanos presentadas la semana pasada, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Gutiérrez (PC), se mostró "contento" por su tramitación ya que ello significa investigar "cada una de las muertes" de la dictadura.
Para Gutiérrez, si hubiera que recriminar a alguna institución su quehacer en estos años de democracia, no sería precisamente al poder judicial, sino, más bien, al Ejecutivo y al Legislativo "que hasta el día de hoy mantiene una ley espuria como es la Ley de Amnistía".
"Nadie puede entender que transcurridos 20 años de transición democrática la Ley de Amnistía dejada por Pinochet aún sea norma vigente. Eso da cuenta del tipo de transición que hemos tenido. Por ende, las recriminaciones que podemos hacer al poder judicial son menores", agregó Gutiérrez.
Fuente:EFE
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Viuda de Víctor Jara acusa desmantelamiento de Brigada de DDHH
Mientras que el abogado Nelson Caucoto señaló que es una medida contradictoria haber trasladado a Sergio Gaete dentro de la PDI.
por Andrés López
- 31/01/2011 -
Esta mañana Joan Jara, viuda de Víctor Jara, junto a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; el abogado Nelson Caucoto y los diputados Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, acusaron el desmantelamiento de la Brigada de los Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, al decidir trasladar al subprefecto Sandro Gaete, quien se desempeñaba en la jefatura de esta sección policial.
"La Brigada de Derechos Humanos de la PDI está siendo desarticulada", condenó la viuda del cantautor, quien se manifestó preocupada y angustiada frente al traslado de Gaete a Aysén, lo que calificó como "un grave retroceso en la investigación de este horrendo crimen de lesa humanidad que ya lleva 37 años esperando su esclarecimiento".
Por lo que se exigió "traer a Sandro Gaete de vuelta a Santiago en comisión de servicio especial para seguir el trabajo de investigación que tuvo que dejar inconcluso".
Mientras que Alicia Lira se sumó como agrupación a esta exigencia, acusando que en el lugar de Gaete se puso a un funcionario policial sin ninguna experiencia en el tema de violaciones a los derechos humanos.
"Esto es una medida contradictoria con lo que nos está diciendo la historia diaria", dijo el abogado Nelson Caucoto, tomando en cuenta la decisión de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, quien solicitó la interposición de 726 querellas por víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el periodo comprendido entre 1973 y 1990, entre las cuales se encuentra la del ex presidente Salvador Allende.
"Esta reapertura de causas o reinicios de procesos judiciales en situaciones tan complejas como las que vivió este país, aparece como contradictorio cuando se necesita gente capacitada para dirigir estas investigaciones", agregó.
El abogado enfatizó que detrás de todos los éxitos judiciales en materia de derechos humanos de los últimos 10 años, "ha estado la PDI. Aquí no se puede improvisar, no se puede traer a una persona que venta de Medio Ambiente a trabajar a Derechos Humanos. Sacar a un equipo completo es un retroceso y una contradicción", acusó.
Fuente: El Nacional
Un general admitió haber sido agente de la policía secreta pinochetista
Chile: exigen la renuncia del subjefe del Ejército por su pasado de represor
Publicado el 2 de Febrero de 2011
Organismos de Derechos Humanos relacionan al militar con el asesinato de 22 campesinos en 1973, delito por el que fue llamado a declarar, aunque quedó desvinculado por el juez de la causa. Para entonces era subteniente.
Animados por la reciente remoción de asesores del Ministerio de Defensa chileno que trabajaron durante la dictadura de Augusto Pinochet, defensores de Derechos Humanos exigieron ayer la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, vinculado al asesinato de 22 campesinos en 1973 y quien reconoció haber sido agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta del régimen dictatorial.
“Si en este país las Fuerzas Armadas fueran instituciones que toman distancia de la dictadura militar, jamás hubiesen permitido que ascendieran sujetos como estos”, declaró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Lorena Pizarro.
En una declaración judicial, el actual número dos del Ejército contó que estuvo en la Escuela de Infantería de San Bernardo, cerca de Santiago, hasta fines de diciembre de 1973, y a principios de 1974 hizo un curso en Panamá. “En marzo 1974 se me destinó al regimiento de Infantería 16º de Talca, y en 1979 se me envía a la Comandancia en Jefe, a la Central Nacional de Informaciones”, señaló Castro Muñoz, quien no fue procesado en la causa que investiga el asesinato de los campesinos, pero sí declaró como testigo y como inculpado en el proceso.
“Que Guillermo Castro no haya sido procesado, no significa que es inocente”, dijo Pizarro a la agencia AP. “No sé si, por ejemplo, en Alemania, después del nazismo, algún oficial de la SS puede llegar a ser el segundo a bordo del ejército alemán, eso es impensable”, agregó.
La abogada Pamela Pereira, hija de uno de los campesinos ejecutados, dijo que “para la mirada del juez, no está absolutamente probada su participación en los hechos, pero hay antecedentes de un partícipe de los hechos que dice que el general Castro estaba ahí”.
En el proceso judicial por la muerte de los 22 campesinos, el juez Héctor Solís aún trata de identificar a un oficial del Ejército que en 1973 servía en la Escuela de Infantería de San Bernardo con el grado de subteniente, y que participó en la matanza junto al coronel retirado Andrés Magaña, que se encuentra procesado. En ese entonces, Castro Muñoz era subteniente del Ejército.
Castro se encarga, entre otras funciones militares, de firmar los informes y documentos que se envía a los jueces que investigan la participación de uniformados en los delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
El lunes, la Subsecretaría de Defensa cesó a tres asesores que participaron de la DINA y la CNI: Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter. <
Fuente: Tiempo Argentino
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