ECONOMISTA CUBANO OSVALDO MARTINEZ- DEMOCRACIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El Bolsón (RCC-Bolsón).-

Democracia y exclusión social: No se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla.

Tomado de Cubadebate:
http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/02/15/democracia-y-exclusion-social/ )


El tema de la democracia no suele ser abordado por economistas.
Sociólogos, politólogos e historiadores son los que frecuentan este
tema, aunque es evidente que en el modelo económico tiene el debate
sobre la democracia un componente sustantivo. El acceso al empleo es
la base principal para disponer de un ingreso y sostener proyectos de
vida individual y familiar pues difícilmente se podría participar en
la vida política si no hay participación en la vida económica, si se
carece de ese punto de partida condicionante de la participación
política que es tener medios de vida asegurados por un trabajo
estable. El debate sobre la “construcción de ciudadanía” raras veces
toma en cuenta la construcción de empleos estables, remunerados y
dotados de adecuadas prestaciones sociales, sin los cuales los
ciudadanos que deben mover los hilos de la democracia, no son más que
excluidos sociales.

Curiosamente, las tendencias que sobre el empleo desarrolla el
capitalismo global de nuestros días son claramente excluyentes de
aquel empleo estable. El trabajo tiende a devaluarse, fragmentarse y
precarizarse siguiendo el dictado del lucro de mercado que subordina y
deforma el uso de las nuevas tecnologías de la información,
convirtiéndolas en factores devaluadores de la fuerza de trabajo.
Estas tendencias dominantes a escala global llevan implícita la
pregunta elemental acerca de si con tal devaluación y exclusión del
llamado factor trabajo, el debate sobre la democracia -muy sesgado
hacia el análisis de la dinámica de partidos, de procedimientos y
rituales- carezca cada vez más de base de sustentación y derive hacia
una metafísica democrática.

Es necesaria una ojeada a lo que está haciendo el capitalismo global
con el trabajo y un recordatorio de la realidad económico-social
latinoamericana, para desde allí, plantearnos de nuevo las viejas
interrogantes sobre la democracia.

Entre 2002 y 2007 América Latina vivió una cierta época dorada en
términos de crecimiento económico gracias a los altos precios de sus
exportaciones de productos básicos, lo cual propició un afianzamiento
de su perfil primario exportador (reprimarización), pero hizo posible
un crecimiento de 26,5%. El ingreso per cápita anual aumentó 18,4% en
ese período (Mussi, Afonso, 2008) y permitió que el ingreso anual
promedio de un latinoamericano sea de unos 8,700 dólares, algo así
como una clase media a nivel mundial.

En 2007, después de ese auspicioso período los pobres alcanzaban no
obstante, la cifra de 194 millones, de los cuales 71 millones eran
indigentes. En esta extrema categoría se incluían 41 millones de niñas
y niños entre 0 y 12 años y 12 millones de adolescentes entre 13 y 19 años.

En las zonas rurales la extrema pobreza se acentúa y afecta al 37% de
la población. Entre indígenas y afrodescendientes la extrema pobreza
supera entre 1,6 veces (Colombia), hasta 7,8 veces (Paraguay) a la del
resto de la población (CEPAL).

La crisis económica global en 2008-2009 impactó a la región y
probablemente echará por tierra los avances sociales que aquellos años
de altos precios de las commodities trajeron. Por el momento la FAO ha
revelado que los avances logrados a paso de hormiga durante 15 años en
la reducción del número de hambrientos, fueron borrados ya y que 53
millones de latinoamericanos están desnutridos, incluyendo tres de
cada cuatro niños indígenas.

Pero, lo más interesante es el secular problema de la desigualdad en
la distribución del ingreso. América Latina no es la región más pobre.
Ella es una especie de clase media en esos engañosos promedios
mundiales. Pero, lo que nadie discute es que contiene la mayor carga
de desigualdad social, de polarización extrema entre riqueza y pobreza.

Se señala que el coeficiente Gini en América Latina supera en dos
tercios al de los países de la OCDE. En la región el 20% mas pobre
recibe menos del 10% del ingreso total, mientras que el 20% más rico
se apropia entre 50-60% (CEPAL).

Esta extrema desigualdad es una poco honrosa “marca de fábrica” que
acompaña a América Latina, la define como la región de mayor inequidad
social en el planeta y tiene una relación de fundamental importancia
con el funcionamiento de la democracia, su calidad y aun su misma concepción.

Aunque esa inequidad hunde sus raíces en el pasado colonial y en los
procesos de articulación de las economías y sociedades
latinoamericanas a los centros del capitalismo mundial en los siglos
19 y 20, las tendencias actuales del capitalismo global tienden a
empeorar lo regresivo en la distribución del ingreso, en íntima
conexión con la política neoliberal que ha dominado y aun continúa
siendo dominante, a pesar de los esfuerzos por encontrar otras fórmulas.

Las tendencias hacia una mayor desigualdad provenientes del capitalismo global.

El período de relativa estabilidad, con política keynesiana, sociedad
de bienestar y no pocos avances en la legislación y práctica laboral,
que vivió el capitalismo aproximadamente entre 1945 y 1975, entró en
crisis por una combinación de factores que incluyeron el descenso de
la tasa de ganancia del capital productivo debido al aumento de la
composición orgánica del capital y la consiguiente incapacidad de la
demanda para absorber los resultados de las inversiones en
tecnologías. Comenzó a registrarse un excedente de capital en relación
con sus posibilidades de inversión rentable en las condiciones
productivas de aquella etapa: keynesiana en cuanto a política
económica y fordista en cuanto a organización industrial.

El capital excedente buscó salidas alternativas para su colocación
rentable y las encontró en la inversión especulativa, en el traslado
de dólares hacia Europa (eurodólares), en la canalización de créditos
hacia los países del Sur, en especial los latinoamericanos, en los
cuales no tardaría en estallar la crisis de la deuda externa (1982), y
en el gasto militar ocasionado por la guerra en Viet Nam.

Aquella transferencia masiva hacia el sector financiero en detrimento
de la economía real se reflejó en un crecimiento más lento y un
aumento del desempleo. Esto a su vez sometió a tensión al estado de
bienestar, hizo aumentar el gasto público y comenzaron los
desequilibrios en la balanza de pagos, en especial en la de Estados
Unidos, hasta derivar en el insostenible desequilibrio que hace
funcionar esa economía como una aspiradora que apoya su consumismo en
gigantescos déficits fiscales y comerciales que son financiados por el
resto del mundo, en lo que algunos han llamado el equilibrio del
terror financiero.

Esos desequilibrios, apenas iniciales en el caso de Estados Unidos en
los años 70, fueron enfrentados por lo general, mediante la emisión de
moneda, provocando inflación, y finalmente al reunirse el escaso
crecimiento con la inflación, el sistema keynesiano-fordista vivió su
crisis final marcado por la estanflación.

Quedó abierto el camino para la implantación de la contrarrevolución
neoliberal. Ella combinó la centralidad del mercado como árbitro y
organizador supremo, con el flujo de capitales cada vez más libres
gracias a la desregulación financiera, más abundantes gracias a las
crecientes ganancias especulativas y la anulación de la competencia
del llamado socialismo real con la desaparición de la Unión Soviética.

Pero, como ha explicado Gilberto Dupas en su excelente artículo
“Pobreza, desigualdad y trabajo en el capitalismo global” publicado en
la revista Nueva Sociedad 215 (2008), la incorporación de las
tecnologías de la información al sistema productivo conformó una
economía del conocimiento que impactó el significado de conceptos como
valor, capital y trabajo. Si bien el trabajo aumentó en muchos casos
su componente de conocimiento, las reglas capitalistas continuaron
imponiendo el principio de que a mayor costo del trabajo, menos
importancia y respeto hacia éste. Esas mismas tecnologías facilitaron
la “flexibilización del trabajo”, esto es, su precarización,
informatización y escasa remuneración. Se extiende el
“micro-miniempresario” que debe autoabastecer su propia comida,
transporte, salud, superación individual, en una peculiar variante de
autoexplotación.

Con el conocimiento se han abierto paso dos caras del mismo fenómeno.
Por un lado, éste se ha depreciado al multiplicarse casi sin costo
como software utilizado por máquinas para aplicar patrones repetidos,
masificados. Por otro, el conocimiento para conservar su valor, debe
ser escaso y tratar de obtener monopolios -aunque sean fugaces- en
la investigación tecnológica privada para facilitar ganancias
extraordinarias mientras dure.

Es el caso de las computadoras, pantallas de plasma y teléfonos
celulares que son objeto de campañas publicitarias intensas, de modo
que se hacen obsoletos a poco tiempo de salir al mercado y en plena
capacidad de sus valores de uso. Es un permanente proceso de
inutilización de productos que supone un enorme desperdicio de
materias primas y recursos no renovables, una degradación acelerada
del medio ambiente y un voraz consumo de energía.

El trabajo, o bien se precariza y fragmenta, o se devalúa aun
incorporando conocimiento, o en los casos privilegiados, sirve como
base para una “destrucción creativa” schumpenteriana, en la que al
incorporar los límites al crecimiento dados por la degradación
ambiental y el consumo de energía, la destrucción supera con creces a
la creación, al incluirse dentro del proceso global de agresión a las
condiciones para la vida humana en el planeta.

Como señala Dupas algunas grandes corporaciones aparecen como
prototipos de momentos en la historia del capitalismo. En los años 80
fue el auge de la maquila desplazando actividades industriales hacia
la frontera con México en busca de sus bajos salarios. El capital
global luchaba en dos frentes contra la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia: inflando una superestructura especulativa
desorbitada cuyo estallido conduciría a la crisis global actual, y
rebajando salarios, protección al trabajo, recortando servicios
públicos y contaminando el medio ambiente para descargar costos.

Si en algún momento el modelo empresarial fue Ford y General Motors
-hoy reducidas a nostálgicos recuerdos y financieramente quebradas- en
otro fue Microsoft y ahora el paradigma es Wall Mart, lo que equivale
a decir una facturación de 300 mil millones de dólares anuales, más de
100 millones de clientes cada semana, junto a salarios pésimos,
explotación descarnada en medio de abusivas e inhumanas condiciones de trabajo.

El modelo neoliberal ha sido de profundo impacto en hacer más
desiguales e inequitativas las sociedades latinoamericanas y en
degradar el trabajo como fuente de ingreso y actividad creativa y
gratificante. Quizás el más grave de todos los problemas del
capitalismo global es la poca cantidad y la mala calidad de los
empleos que genera. El trabajo fijo, remunerado, “decente” -según la
expresión de la OIT- que es definitivo para la participación social,
está no sólo en retroceso, sino en franca crisis. Los empleos de largo
plazo asegurados, son cada vez más raros y el trabajo recae sobre
tareas o etapas de duración limitada.

Anteriormente, los trabajadores mantenían una sólida relación de largo
plazo con sus empresas empleadoras y eso facilitaba un cierto ámbito
social que amortiguaba la lucha de clases mediante beneficios en
salud, educación, jubilación, que moldeaban una sensación de progreso
en medio de sociedades que no vacilaban en llamarse a sí mismas
sociedades de bienestar. No mucho de esto llegó a América Latina, que
todavía en 1980 seguía siendo en lo esencial abastecedora de materias
primas mientras que en Estados Unidos y Europa funcionaba aquel
bienestar, pero en cambio llegó con toda velocidad el nuevo paradigma
en política económica y sus consecuencias sobre el trabajo.

El neoliberalismo ponía su énfasis en la ganancia a corto plazo, más a
tono con su predilección por la especulación cortoplacista que por la
ganancia industrial más lenta en el tiempo. Esta tendencia encontró en
el avance de las tecnologías de información un complemento perfecto
para comenzar a precarizar el trabajo. Las vidas laborales comenzaron
a vivir una angustia permanente porque como dice Dupas: “El nuevo
capital es impaciente. Los inversores buscan la flexibilidad de las
empresas en su secuencia de producción para poder alterar los esquemas
a voluntad y tercerizar todo lo que sea posible. En este contexto, los
empleos se limitan cada vez más a contratos de hasta seis meses,
frecuentemente renovados”.[1]

De este modo, el trabajo temporal es el de más rápido crecimiento. La
jornada laboral se hace más larga y la depresión provocada por
trabajos “flexibilizados” alimenta la propensión al alcoholismo, el
divorcio, los problemas de salud, y en especial hace más desigual la
distribución del ingreso y se relaciona con otros fenómenos como el
incremento de la violencia y la criminalidad. En América Latina la
época de oro neoliberal de los años 90 coincidió no por azar, con un
aumento de 40% en los homicidios, lo cual convirtió a la región en la
segunda con mayor criminalidad mundial, después de África Subsahariana
(Banco Mundial, 2008). Son latinoamericanos tres de los cuatro países
más violentos del mundo: Colombia, El Salvador y Brasil.

Desigualdad y democracia en América Latina. El modelo económico y su
relación con la democracia.


Parecería una verdad de Perogrullo que el modelo económico influye muy
directamente en la democracia o en su sucedáneo “la gobernabilidad
democrática”, pero en la región pueden apreciarse dos etapas de
diferente apreciación en cuanto a ella.

Como señala Marcos Roitman en su excelente libro “Las razones de la
democracia en América Latina”, si durante varias décadas la pregunta
que centró la ocupación intelectual fue ¿cómo salir del
subdesarrollo?, después de la traumática etapa de las dictaduras
militares y la salvaje represión, la pregunta pasó a ser ¿cómo salir
de las dictaduras?

La primera pregunta suponía un intento más abarcador de explicar en la
historia, la economía, la política y en la cultura como síntesis de
todo lo anterior, el modo en que se había conformado la estructura y
relaciones de subdesarrollo y dependencia de esta región. Esta
pregunta implicaba el debate sobre la salida del subdesarrollo. Se
trataba de explicar el subdesarrollo para dejarlo atrás, de
identificar los obstáculos al cambio social para superarlos. En ella,
la democracia era parte componente inseparable de las reflexiones
sobre las formas de dominación económica, política, cultural de las
clases dominantes y de proyectos diversos para transformar aquella realidad.

En esta perspectiva de pensamiento que abarca tanto a los teóricos de
la dependencia como a los que desde la interpretación de procesos
históricos intentaron explicar la realidad regional, o incluso en
figuras independientes como Raúl Prebish, la democracia no era un fin
en sí mismo, sino un componente orgánico de una interpretación del
subdesarrollo y de un proyecto explícito o implícito para salir de
aquel estadio.

Después de la dolorosa experiencia de las dictaduras militares, en los
años 80 se inicia una etapa en la que la obsesión por salir de las
dictaduras se traduce -no sin cierta lógica a partir de las brutales
experiencias vividas- en obsesión por reflexionar sobre la democracia
como un fin en sí mismo, despejado de contenido socioeconómico, de
dominación clasista y vista en términos de la vía para dejar atrás las
dictaduras. Según Agustín Cuevas: “se pasó del modo de producción
capitalista al modo de producción democrático”.[2]

Este cambio en el modo de reflexionar sobre la democracia implicó
exaltar a ésta como un valor abstracto, intemporal, universal, más
allá de sociedades concretas, diferentes todas, y capaz de actuar como
un valor normativo en sí mismo para todo tiempo y lugar. La democracia
dejó de ser parte de una interpretación histórica de sociedades vivas,
divididas en clases, sujetas a relaciones de dependencia y escenario
de inequidades y dominación social, necesitadas de transformación,
siendo la democracia un componente de esa transformación, y
respondiendo ella a una pregunta esencial que le otorga su sentido
trascendente, esto es, ¿para qué la democracia?, para pasar a ser
estudiada y entendida como un valor universal y destacada casi
exclusivamente como opción favorable en comparación con las dictaduras
precedentes y en algunos casos como justificación de transiciones
democráticas que conservaron importantes espacios de protección a los
dictadores y dictaduras anteriores.

Una figura tan lúcida como el desaparecido René Zavaleta dice al
respecto: “La sociedad civil en esta fase gnoseológica es el solo el
objeto de la democracia; pero el sujeto democrático (es un decir) es
la clase dominante, o sea su personificación en el Estado racional. La
democracia funciona entonces como una astucia de la dictadura. Es el
momento no democrático de la democracia (….). Sostenemos, por tanto,
que la separación entre el estado político y la sociedad civiles es el
hecho equivalente, en la política, al fetichismo de la mercancía:
dentro de la mercancía o igualdad está la plusvalía o desigualdad y
dentro de la autonomía del estado-democracia está la dictadura burguesa”.[3]

En otras palabras, se separa la democracia del problema fundamental de
la dominación política de las clases dominantes y se convierte ésta en
un conjunto de reglas procedimentales, de reglas de juego “neutrales”
e iguales para todos, aunque en la abstracción “todos”, se esconda una
dosis de desigualdad, exclusión e injusticia social, que desde abajo,
desde las bases mismas de la sociedad, reclamen de la democracia no
ser simple procedimiento o reglas para cosas tales como alternancia
política, respeto a las mayorías, libertad de expresión, sino
instrumento de transformación, camino abierto al cambio social.

Concebida como valor universal, abstracto, como conjunto de reglas
procedimentales o como ritual democrático, la democracia se desvincula
por definición de cualquier proyecto de transformación sociopolítica,
pues en su pretendida universalidad e intemporalidad, la
transformación sólo podría existir dentro del espacio de valores
establecidos por el ritual democrático universal.

De aquí se desprende otro paso: sería difícil plantear críticas sobre
el contenido real en términos de justicia social y acceso verdadero al
poder político en las democracias existentes si estos cumplen con los
procedimientos democráticos. Es el paso de la democracia a algo
sutilmente diferente que es la gobernabilidad democrática, más
interesada en reproducirse como gobernabilidad que en plantearse el
contenido real de la democracia en términos de justicia social y
verdadera igualdad.

No parece casual que abunden más las investigaciones sobre la pobreza
que sobre la desigualdad, a pesar de ser ésta el talón de Aquiles de
las democracias electorales latinoamericanas, pero en la matriz de
pensamiento liberal que es la base de las democracias representativas,
la desigualdad es aceptable si se cumple la regla de la igualdad de
oportunidades “ciudadanas”, pero en la terca realidad la igualdad de
oportunidades entre el 20% “más rico” y no menos del 50% “más pobre”
de los latinoamericanos es una burla o una estafa.

La gobernabilidad democrática entendida sólo como definición jurídica
procedimental tiende a ignorar el sentido de las relaciones sociales
bajo el capitalismo globalizado, neoliberal y transnacionalizado que
es el real en América Latina. Éste produce explotación, desigualdad,
exclusión y virtual negación de la participación, pero las
desigualdades quedan legitimadas como consecuencias inevitables de
unas reglas del juego basadas en libertades individuales e igualdad
formal bajo la categoría neutra de ciudadanos.

El cientista social Hans-Jurgen Burchardt ha hecho un interesante
balance de la relación desigualdad-democracia.[4] Y ha concluido que
“a casi tres décadas de la recuperación de la democracia, la mayor
participación política no se ha traducido en participación social.
Esto plantea nuevas interrogantes a la teoría de la democracia”.

En el mencionado artículo se constata que los déficits democráticos de
las democracias son extensos, a tal extremo que se habrían llegado a
plantear la existencia de no menos de 550 subtipos de democracias para
unos 120 regímenes formalmente democráticos a fines del siglo 20. Pero
más allá de la extensa lista de déficits, una de las conclusiones es
que “aunque se produzca con cierta regularidad la alternancia entre
las élites políticas, la participación es baja y, por lo tanto, no
alcanza para controlarlas. Las élites con frecuencia se aislan de la
sociedad y se enquistan en el poder. Esto significa que, contra lo que
sostiene la teoría de transición, la celebración de elecciones libres
y la existencia de una estructura institucional adecuada no conducen
en forma lineal a la democratización política. Los fenómenos
detallados anteriormente no serían “dolores de parto” para avanzar en
la construcción de la democracia liberal, sino que deben ser
entendidos como características de un desarrollo propio”.[5]

Se ha planteado la expresión “ciudadanía de baja intensidad” para
caracterizar las democracias latinoamericanas, pero qué es esto sino
el reflejo de la extrema desigualdad y las múltiples formas de
discriminación que de allí se derivan y se alimentan de un modelo
económico excluyente per se y que considera ciudadanos con iguales
derechos al opulento -que entre otros factores reproduce su opulencia
en el acceso al conocimiento- y el hambriento que reproduce su hambre
en el no acceso al mismo, y esa brecha en América Latina no se está
achicando, sino está creciendo (CEPAL, 2007).

Durante tres décadas de democracias electorales no se ha cumplido en
la región el supuesto de que a más democracia más justicia -y no sólo
justicia en cuanto a derecho, sino justicia social- y a más justicia
más democracia. Por el contrario la desigualdad y por ende, la
injusticia social creció en esos años.

Vuelve a plantearse la interrogante acerca de la compatibilidad entre
una relación social básica capital-trabajo que en esencia produce y
reproduce desigualdad y la democracia en tanto no sólo ritual de
reglas de procedimiento en instituciones correspondientes, sino
entendida ésta como participación, control sobre los gobernantes,
transparencia en la gestión pública, verdadera igualdad.

Burchardt llega a la conclusión, desde una posición que no es
anticapitalista, que “democracia y mercado no necesariamente tienen
efectos sinérgicos: pueden, de hecho, volverse contradictorios”.

Por su parte, James Petras, desde una posición anticapitalista
radical, plantea que la democracia es dependiente de la hegemonía y la
solidez de la propiedad capitalista y que este sistema tiene una
visión instrumental de la democracia, lo cual se ilustra con numerosos
ejemplos históricos en los que el capitalismo global, su centro
hegemónico (Estados Unidos) ha apoyado dictaduras -como en América
Latina- o democracias electorales según coyunturas evaluadas como
favorables o desfavorables para los intereses hegemónicos.[6]

El déficit democrático de las democracias liberales latinoamericanas y
no sólo latinoamericanas ha inducido a poner énfasis en la relación
entre democracia e igualdad social y a incluir algunas dimensiones
socioeconómicas que hacen más complejas la ecuación de la teoría
liberal, como la capacidad de decisión económica, las oportunidades y
las competencias (Sen, 2003).

Pero, no obstante, la teoría liberal ignora que las capacidades de
decisión económica, las oportunidades, los talentos no se establecen a
partir de libertades individuales formales, sino que están
condicionadas por el medio social concreto y que “por tanto, la
reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de
posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino
mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades
más pobres y los sectores subalternos”.[7]

El ciudadano abstracto e irreal de la teoría liberal es un ser humano
que puede tener derechos teóricos, pero necesita hacerlos efectivos, y
para eso tiene que poseer recursos que lo hagan capaz de reclamarlos y
hacerse escuchar. Los que no tienen recursos, tienen sólo un derecho
inalcanzable que no llega a conectar con su vida real. La ciudadanía
se hace realidad participativa y derecho operativo sólo a partir de
poseer los recursos para poder demandarlos y ejercerlos. La concepción
de ciudadanía -hija predilecta del liberalismo doctrinario- no es
más que una abstracción vacía o peor aun, el encubrimiento de la
desigualdad real bajo el manto de la igualdad formal, sino va
acompañada de un reconocimiento de la desigualdad social y de acciones
para combatirla.

El debate sobre la calidad de la democracia parece a veces ignorar la
verdad elemental de que para garantizar democracia, participación,
control de los gobernantes, buen funcionamiento de las instituciones,
en suma, verdadera democracia, no basta con que exista igualdad formal
de derechos jurídico-políticos y cumplimiento de los procedimientos y
rituales democráticos, sino que los actores sociales posean recursos
similares, o al menos, que no existan entre ellos las abismales
diferencias que hoy caracterizan a la región.

No basta con reconocer la igualdad en el derecho al voto, a la
expresión, a la asociación, etc., si las elecciones son competencias
mediáticas costosas, si la expresión es monopolizada por las grandes
empresas que fabrican opiniones, si la asociación requiere mucho
dinero para establecerse y aun más para hacerse escuchar, si la
carencia de instrucción elemental bloquea el diálogo político más allá
de banalidades propagandísticas, y si el desempleo y la pobreza
favorecen el clientelismo y la compra-venta de votos.

Es imprescindible ir más allá de las igualdades y derechos formales,
para actuar en la transformación de la exclusión social mediante la
promoción del empleo, la efectiva redistribución de la riqueza, el
acceso a la educación, a la salud, a la cultura, y esto con mayor
intensidad y premura mientras más desfavorecidos, pobres y excluidos
sean los grupos sociales de que se trate.

Las famosas “asimetrías de poder” no son más que una expresión
académica suavizante para aludir a la enorme injusticia y exclusión
social que lastra a las sociedades de la región y mutilan en ellos la
democracia, aunque existan multitud de partidos, funcione el
parlamento, los tribunales de justicia, etc.

Democracia y gobiernos que proclaman el socialismo del Siglo 21.

En años más recientes, la crisis de pobreza, informalidad y
desigualdad desatada por el Consenso de Washington en la región, unida
a la vaciedad y carencia de inclusión social en las democracias
electorales, produjo el hecho político relevante de la victoria
electoral y el acceso al gobierno de fuerzas políticas con proyección
antineoliberal, un fuerte sentido de nacionalismo democrático-social,
políticas de independencia frente a Estados Unidos y fuerte crítica al
accionar de sus gobiernos.

En Venezuela, en Bolivia y Ecuador, se proclama el avance hacia el
socialismo del siglo 21 a partir de gobiernos elegidos en procesos
electorales de la democracia liberal y que se desenvuelven desde
entonces dentro de ellas, dentro de sus reglas y límites.

Surgen varias preguntas en relación con este resultado impensable hace
apenas una década, cuando el pensamiento único parecía todopoderoso e
incapaz de perder elecciones en las estructuras democráticas adaptadas
a su conveniencia y en las cuales sus candidatos ganaban
invariablemente, llevando al gobierno variantes menores en la
aceptación esencial de la liberalización contenida en el Consenso de
Washington.

Tan profunda fue la crisis generada por aquella política de
modernización subordinada, de “inserción en el mercado mundial” y de
ascenso al Primer Mundo, que los votantes desbordaron la apatía por
las elecciones y al votar por Chávez, por Evo Morales, por Rafael
Correa, reflejaron el rechazo a la demagogia anterior, utilizando el
vehículo electoral que había vuelto a funcionar dentro de la matriz neoliberal.

En efecto, ¿podrán estos gobiernos avanzar hacia el socialismo del
siglo 21, lo cual supone dejar atrás al capitalismo, actuando dentro
de la estructura institucional y jurídica de la democracia liberal?
¿Podrán ellos ir transformando desde adentro esas estructuras dotando
sus principios democrático-igualitarios abstractos con contenidos de
justicia social que los trasciendan y conviertan en verdaderas
democracias participativas?

Estas preguntas trascienden las posibilidades de un breve artículo y
requieren respuestas complejas que no serán dadas sólo por la teoría,
sino por la unión entre ella y una práctica política que no tiene
manuales preestablecidos y debe ser “creación heroica”, nunca “calco y copia”.

Entre otros muchos factores a tener en cuenta en este complejo desafío
político y teórico, se encuentra la necesidad de consolidar una base
económica compartida (ALBA) que ofrezca el sustento indispensable del
proyecto político y permita que estos gobiernos no sean desalojados
mediante elecciones en las que las necesidades materiales
insatisfechas estimulen una derrota. La crisis económica global actual
plantea a estos gobiernos un desafío porque los desgasta en tanto
gobiernos debido a los estragos financieros que provoca, pero al mismo
tiempo da la posibilidad de enfrentar la crisis protegiendo con
prioridad a los más vulnerables y demostrando así la naturaleza
diferente de ellos respecto al modo oligárquico tradicional de
descargar los efectos de las crisis económicas. Sólo la práctica
política de los próximos años podrá responder a esas preguntas, aunque
la experiencia de años recientes muestra que estos gobiernos y aun
más, el movimiento social de base popular que ellos encarnan, sería
capaz de conjugar democracia y justicia social, colocados fuera del
capitalismo y trascendiendo la democracia liberal, llenándola de un
nuevo contenido participativo y multicultural.

Mientras tanto, llama la atención la crítica a que se les somete,
acerca de la pérdida de calidad democrática en ellos, de tendencias
autoritarias que estarían manifestándose, aunque se trata de gobiernos
elegidos mediante elecciones consideradas democráticas, con la
presencia de observadores internacionales, medios de comunicación
oligárquicos abiertos y en pleno funcionamiento e incluso un gobierno
como el de Chávez que ha batido records en cuanto a elecciones
efectuadas y no sólo elecciones, sino plebiscitos con capacidad de
revocar al Presidente, los cuales no existen ni han existido en los
países que no reciben críticas y que por tanto, estarían cumpliendo a
pie juntillas los parámetros democráticos consagrados.

Las críticas se basan en la teoría liberal que prioriza el ritual y
los procedimientos y se mantiene dentro de los límites de la
ciudadanía abstracta, la igualdad de derechos entre desiguales y la
libertad de expresión de los grandes dueños de empresas mediáticas.

Es singular que los gobiernos de izquierda mencionados reciban
críticas por diferenciarse de los que siguen el modelo liberal
oligárquico y las críticas sean más acres, mientras mayores dosis de
inclusión social producen o intentan introducir. Pero, la carencia de
inclusión social ha sido precisamente la que ha vaciado la democracia
liberal y la ha sumido en reconocidos déficits que tienen en la
indiferencia de los votantes -el partido de mayor votación es la
abstención– su síntoma más evidente.

Parecería que la única forma de satisfacer a los críticos de los
gobiernos de izquierda es volver estrictamente a la democracia ritual
que al fracasar hizo posible la llegada al gobierno de los que ahora critican.

A la comunicación entre gobernantes y gobernados que se establece en
las experiencias comunitarias ensayadas por Chávez o en el peculiar
modo de comunicación y respeto entre Evo Morales y la población
indígena, se las descalifica calificándolos como populismo.

La expresión populismo se identifica como demagogia o en la mejor
variante, como reducción de la calidad democrática, tendiente al autoritarismo.

Pero, como señala Burchardt, el populismo puede ayudar a superar
crisis sociales mediante la construcción de un imaginario colectivo en
torno a nuevos valores, establecer la comunicación entre gobernantes y
gobernados que la democracia representativa nunca logró, y actuar como
vehículo de una amplia movilización política que ya va haciendo parte
de una ampliación de los derechos democráticos.

El populismo, en tanto apelación al “pueblo” no define una orientación
política per se, sino solamente el propósito de accionar por definir
el bien colectivo, sin que esto implique la opción por un sistema
político específico.

Gobiernos militares de la etapa dictatorial fueron tildados de
populistas y lo fueron también los gobiernos emergidos de elecciones
que aplicaron los ajustes estructurales neoliberales en los 80 y 90,
por lo que llamar populistas a los gobiernos de izquierda actuales
expresa no sólo un intento de rebajarlos a priori, sino un
desconocimiento de la verdadera carga conceptual del llamado populismo.

Más que descalificar a los gobiernos que proclamaron su propósito de
construir el socialismo del siglo 21, sería necesario replantearse el
viejo problema de la relación entre libertad de mercado y democracia.

Si la concepción de democracia no incorpora a ella la noción de
equidad social, reducción de las desigualdades sociales que hacen de
la democracia letra muerta, el bello concepto seguirá siendo un
formalismo en tanto igualdad político-jurídica, carente de significado
real para los muchos excluidos en la distribución del ingreso.

La democracia no puede limitarse al discurso liberal sobre la igualdad
de todos ante la ley y los derechos individuales inalienables, en
tanto la libertad de mercado -o los monopolios del mercado- generan
exclusión social en la base misma de la pretendida democracia. No
basta con la igual político-jurídica, si no va acompañada de la
inclusión social, y ésta es incompatible con la abismal desigualdad
latinoamericana.

La validez formal del derecho básico de libertad no puede quedar en la
declaración solemne, pero intrascendente, sino que debe promover la
inclusión de los excluidos, mediante su ascenso intelectual y
económico, lo que supone renunciar a entender falsamente la igualdad
como una realidad y asumirla como un objetivo prioritario del estado,
sin el cual no tendrá éste verdadera legitimación democrática. Lo
anterior implica reconocer que el sistema social engendrador de las
desigualdades debe ser transformado, pues no se trata de administrar
la desigualdad, sino de eliminarla.

Éste es el núcleo duro, a mi juicio definidor de los proyectos para
construir el socialismo del siglo 21. Más que llamar populismo en
sentido despectivo a estos proyectos, sería justo entenderlos como
proyectos encaminados a encontrar el vital eslabón perdido de la
democracia liberal: la justicia social en tanto inclusión de los
excluidos y el establecimiento no sólo de una democracia política
formal, sino de una democracia participativa, social, con significado
real para todos sus actores.

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[4] Hans-Jurgen Burchardt: Desigualdad y democracia. Revista Nueva
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[5] Hans Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 81

[6] James Petras: Democracia y capitalismo. Transición democrática o
neoautoritarismo.

[7]Hans-Jurgen Burchardt. Artículo citado. Pág. 89.

*El autor de este ensayo, Osvaldo Martínez, es el director del Centro
de Investigaciones de la Economía Mundial
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